La Corte Suprema de Justicia absolvió en primera instancia a Aníbal Gaviria Correa por el caso de la Troncal de la Paz, una investigación sobre un contrato vial suscrito durante su primer periodo como gobernador de Antioquia. La decisión representa un giro decisivo en el proceso, pero todavía no es definitiva: contra la sentencia procede recurso de apelación.
El pronunciamiento de la Sala Especial de Primera Instancia, reportado este 9 de octubre de 2026, se refiere a las acusaciones por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
¿Qué decidió la Corte Suprema?
La decisión corresponde al proceso con radicación interna 00403 y CUI 11001024800020200000202, tramitado bajo la Ley 600 de 2000. Según la información de la parte resolutiva conocida sobre la sentencia, la Sala absolvió al exmandatario y dispuso que, una vez el fallo quede en firme, se cancelen las anotaciones originadas en el proceso y se archiven las diligencias.
El punto clave es jurídico: la absolución es de primera instancia. Si alguna de las partes presenta una apelación, corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema revisar la decisión. Por eso, el expediente aún no puede darse por cerrado.
El contrato de más de $41.600 millones que originó el proceso
El caso se remonta al contrato 2005-CO-20-335, firmado el 22 de diciembre de 2005 entre la Gobernación de Antioquia y el Consorcio Troncal de la Paz para mejorar y pavimentar el tramo La Cruzada–Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Su valor inicial superó los $41.600 millones.
La Fiscalía cuestionó, entre otros aspectos, el incremento del anticipo previsto del 25 % al 29 %, los pagos asociados y las posteriores adiciones al contrato, incluida una relacionada con un puente sobre el río Nechí, en El Bagre. Estos señalamientos dieron lugar a la acusación penal contra Gaviria, quien ejerció como gobernador entre 2004 y 2007.
Como antecedente documental, una providencia de la Corte Suprema de septiembre de 2021 identifica el mismo contrato y el proceso judicial seguido contra el exgobernador.
Fiscalía pidió condena; Procuraduría y defensa, absolución
En sus alegatos de 2025, la Fiscalía solicitó condenar a Gaviria al considerar que, como ordenador del gasto, debía responder por la vigilancia del anticipo y de las modificaciones contractuales.
La Procuraduría, en cambio, pidió su absolución. Aunque identificó fallas en el trámite contractual, sostuvo que no había prueba suficiente de que Gaviria las conociera o promoviera, en un escenario de funciones delegadas. La defensa también reclamó una decisión absolutoria.
La discusión judicial tuvo consecuencias políticas y administrativas. En junio de 2020 Gaviria fue privado de la libertad y suspendido de su cargo de gobernador; recuperó la libertad mediante hábeas corpus en octubre de ese año y, en septiembre de 2021, recibió libertad provisional por vencimiento de términos. El juicio continuó mientras permanecía en libertad.
¿Qué sigue para Aníbal Gaviria?
Para Gaviria, quien también fue alcalde de Medellín, la sentencia constituye un resultado favorable en un expediente que lo acompañó durante años. La consecuencia política inmediata es que la absolución reabre la discusión pública sobre un caso de alto impacto en Antioquia, aunque su situación judicial dependerá de que el fallo adquiera firmeza o de lo que resuelva una eventual segunda instancia.
Al cierre de esta publicación no se había identificado un comunicado oficial de la Corte con el texto íntegro de la sentencia. La información sobre la absolución corresponde al reporte de la parte resolutiva y deberá actualizarse si se conoce una apelación o se publica la providencia completa.
