Una campaña puede llenar la conversación de ataques y seguir sin resolver la pregunta principal del ciudadano: qué está en juego y qué diferencia realmente a las opciones. La intensidad del ruido no es una medida suficiente de la calidad del debate.
Con las elecciones territoriales de 2027 en el horizonte, Colombia tiene una discusión pendiente: distinguir la crítica que permite examinar el poder del señalamiento que solo busca desacreditar a una persona. No toda confrontación es desinformación, ni toda dureza aporta información.
Lo que dice la investigación, sin fórmulas mágicas
La revisión académica de Martin Haselmayer, publicada en French Politics en 2019, advierte que la categoría de campaña negativa reúne mensajes muy distintos: desde comparaciones de propuestas hasta ataques personales. Esa amplitud dificulta interpretar sus efectos como si fueran un solo fenómeno.
El autor recoge metaanálisis que no respaldan la idea de que atacar al adversario sea una vía generalmente eficaz para maximizar votos. También señala posibles costos para quien ataca y resultados discutidos sobre participación electoral. No sería riguroso concluir que toda campaña negativa produce abstención.
La revisión reconoce que un contraste sustantivo puede aportar información al elector. Es literatura internacional, no un experimento sobre las elecciones colombianas de 2027, y no permite pronosticar quién ganará una contienda local.
Una denuncia no es un insulto
Comparar presupuestos, cuestionar una decisión administrativa o pedir explicaciones sobre un contrato puede contribuir a la rendición de cuentas. La condición es que existan documentos, contexto y una distinción clara entre lo comprobado y lo que todavía se investiga.
El problema aparece cuando una pieza sustituye la evidencia por insinuaciones. Un montaje, una frase incompleta o un apodo pueden hacer circular una acusación sin permitir que el ciudadano la evalúe. En ese caso, el protagonismo del conflicto desplaza la discusión sobre decisiones públicas.
El ruido también tiene un costo democrático
Una consecuencia que merece examinarse, sin presentarla como una ley electoral, es el desgaste de la conversación. Si cada cuestionamiento se interpreta como una agresión y cada respuesta como una revancha, resulta más difícil establecer qué evidencia resolvería la controversia.
El costo no recae únicamente en los protagonistas. También puede afectar al ciudadano que quiere saber si una obra se terminó, cuánto costó o qué compromisos se incumplieron. El debate pierde utilidad cuando obliga a escoger entre lealtades antes de revisar los hechos.
En este análisis, Elmer Zapata, estratega político, plantea una distinción: la confrontación pública tiene valor cuando permite comparar decisiones y exigir respuestas; pierde calidad cuando convierte la descalificación en un sustituto de la explicación. La pregunta no es cuán fuerte suena una crítica, sino cuánto ayuda a entender.
La prueba está en lo que se puede comprobar
En una elección local, los problemas cotidianos ofrecen criterios concretos para evaluar el discurso: servicio de agua, movilidad, seguridad, presupuesto y ejecución. Una controversia sobre esos asuntos debería dejar al público con más información que la que tenía antes, no solamente con más enojo.
Para evaluar una acusación, conviene preguntar qué se afirma, cuál es la fuente y si la respuesta modifica lo que se sabía. La repetición de un señalamiento no lo convierte en prueba. Tampoco una respuesta molesta elimina la obligación de explicar una decisión.
De cara a 2027, el reto democrático no consiste en eliminar la crítica. Consiste en que el desacuerdo conserve contenido. Un debate exigente puede ser incómodo para el poder y útil para la ciudadanía al mismo tiempo.
Fuente académica: revisión de Martin Haselmayer sobre campañas negativas y sus consecuencias, French Politics, 2019. Los apartados sobre Colombia son análisis editorial, no resultados medidos por el estudio.
Imagen destacada: Bogomil Mihaylov / Unsplash. Fotografía de apoyo; no representa una campaña o un candidato.
