La Asamblea de Antioquia le dio vía libre al Proyecto de Ordenanza 37 de 2026 y abrió la puerta para financiar cuatro corredores viales mediante contribución por valorización. La decisión activa una discusión que va mucho más allá de la ingeniería: quién paga, cuánto paga y qué territorios consideran legítimo asumir ese costo.
La plenaria aprobó la iniciativa con 13 votos a favor y 6 en contra. El plan prioriza cuatro corredores en Oriente, Suroeste y Urabá y, según la Gobernación, permitiría avanzar en estudios de factibilidad para cerca de 78 kilómetros de vías.
Las cuatro vías autorizadas
Los corredores incluidos son El Canadá–El Carmen de Viboral, de 5,8 kilómetros; La Unión–El Carmen de Viboral, de 18,8 kilómetros; Jericó–Buenos Aires–La Bodega, de 16,4 kilómetros; y Ríogrande–Nueva Colonia–Embarcadero–Zungo–Casa Verde, de 35,53 kilómetros.
La Gobernación calcula una inversión cercana a los $800.000 millones. El Colombiano reportó que el monto que la administración busca habilitar mediante este mecanismo ronda los $852.497 millones.
El cobro será el verdadero pulso
La aprobación no significa que el cobro empiece de inmediato. La administración deberá socializar cada proyecto, adelantar estudios de factibilidad, definir zonas de influencia y conformar una Junta de Propietarios antes de distribuir la contribución.
El texto aprobado contempla excepciones para viviendas VIS y VIP, hogares de estratos 1, 2 y 3, minifundios campesinos por debajo de la Unidad Agrícola Familiar, víctimas del conflicto, adultos mayores, mujeres cabeza de familia y otros grupos en condición de vulnerabilidad.
Infraestructura sí; la pregunta es quién paga
Ahí empieza la pelea política. Para la Gobernación, la valorización es una herramienta para acelerar obras estratégicas sin depender exclusivamente del presupuesto ordinario. Para sus críticos, el riesgo está en trasladar a propietarios una factura que puede generar resistencia en municipios donde ya existe presión sobre el costo de la tierra.
La discusión también tiene una dimensión electoral. Oriente, Suroeste y Urabá serán escenarios decisivos en 2027, y cualquier cobro que toque directamente el bolsillo de los ciudadanos puede terminar convertido en bandera de campaña para alcaldes, diputados y aspirantes a la Gobernación.
Fuentes: Gobernación de Antioquia y Asamblea de Antioquia; información complementaria de El Colombiano.
