La crisis fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella dejó de ser un asunto exclusivamente técnico y empezó a convertirse en una negociación política con el Congreso. Colombia estudia acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) por una línea de apoyo que, según Reuters, podría ubicarse entre US$8.000 millones y US$20.000 millones.
La opción que analiza el Gobierno es una Línea de Precaución y Liquidez (PLL), un instrumento pensado para economías que conservan fundamentos sólidos, pero enfrentan vulnerabilidades importantes. El punto crítico para Colombia no sería únicamente acceder al dinero, sino demostrar que puede estabilizar sus cuentas públicas.
El Congreso se vuelve parte de la ecuación
Reuters reportó que el déficit fiscal de Colombia se proyecta en 7,2 % del PIB para 2026 y podría llegar a 9,4 % en 2027. En ese escenario, un eventual acuerdo con el FMI exigiría compromisos claros de sostenibilidad fiscal y ajustes que el Ejecutivo no puede sacar adelante sin respaldo legislativo.
Entre las piezas centrales está la llamada “Ley de Rescate”, con la que el Gobierno busca recortar gasto equivalente a cerca de 2,2 % del PIB. El problema es político: el Congreso está dividido y cualquier paquete de austeridad puede abrir una disputa entre las bancadas de Gobierno, independientes y oposición.
El costo político de pedir ayuda al FMI
Un acuerdo con el Fondo podría enviar una señal de confianza a los mercados, reducir primas de riesgo y facilitar el acceso a otras fuentes de financiamiento. Pero también obligaría al Gobierno a explicar por qué necesita apoyo externo apenas semanas después de asumir el poder y cuáles serían los costos sociales de las medidas fiscales.
Ahí está la tensión: De la Espriella necesita mostrar disciplina económica sin perder capital político. Y, para hacerlo, tendrá que construir mayorías en un Congreso donde ninguna fuerza controla por sí sola la agenda.
Un pulso que puede definir el arranque del Gobierno
La negociación con el FMI puede terminar convirtiéndose en una de las primeras grandes pruebas legislativas del nuevo presidente. Si el Gobierno logra articular el acuerdo financiero con un paquete fiscal políticamente viable, gana oxígeno. Si fracasa en el Congreso, el costo puede trasladarse rápidamente a los mercados y a la percepción de gobernabilidad.
Colombia ya recurrió al FMI durante la pandemia mediante una Línea de Crédito Flexible y utilizó alrededor de US$5.400 millones, recursos que posteriormente fueron pagados. La diferencia ahora es que el debate ocurre en medio de un cambio de Gobierno y con un Congreso fragmentado.
Fuente: Reuters, 8 de octubre de 2026.
