El Gobierno anunció dos instrumentos que pueden redefinir su relación con la protesta y la seguridad: un nuevo decreto para regular las movilizaciones y un estatuto antiterrorista que será llevado al Congreso. La movida llega en vísperas de las marchas del 14 de octubre y eleva el pulso político con la oposición.
El presidente Abelardo de la Espriella presentó las líneas generales durante su alocución del lunes 12 de octubre. Sin embargo, al momento de esta publicación no estaba disponible en los canales oficiales consultados un texto completo con número de decreto ni el articulado del proyecto de ley. Por eso, lo confirmado son los anuncios y sus objetivos; el alcance jurídico definitivo sigue pendiente.
Un decreto para separar protesta y violencia
El Gobierno sostiene que el nuevo decreto busca proteger las manifestaciones pacíficas y diferenciar ese derecho de conductas violentas, daños a bienes, retenciones, agresiones y bloqueos prolongados de carreteras o sistemas de transporte.
De la Espriella resumió el enfoque con una fórmula política: garantías para quien protesta en paz y respuesta estatal contra quien destruye. También afirmó que la Fuerza Pública deberá actuar bajo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El Ministerio del Interior había informado que la propuesta modifica el marco del Decreto 003 de 2021 y que fue ajustada después de recibir comentarios de organizaciones sociales, la Fuerza Pública y actores relacionados con la sentencia judicial que dio origen a esa regulación.
El estatuto antiterrorista tendrá que pasar por el Congreso
El segundo instrumento no será un decreto presidencial. El mandatario afirmó que se tramitará como proyecto de ley y deberá ser discutido por el Congreso.
Entre las medidas anunciadas están un registro de organizaciones consideradas terroristas, la congelación de bienes, restricciones para contratar con el Estado, mayores sanciones por ataques con drones y beneficios judiciales para quienes entreguen información eficaz.
Esos puntos todavía no equivalen a normas aprobadas. Falta conocer el articulado, los criterios para clasificar organizaciones, las autoridades responsables de tomar decisiones, los recursos de defensa y la forma en que se protegerá el debido proceso.
El problema político está en la frontera
El Gobierno intenta construir una frontera clara entre protesta legítima y violencia. El desafío es que esa separación no depende únicamente de una frase. Requiere definiciones precisas, protocolos verificables y controles que eviten tratar la inconformidad social como una amenaza criminal.
La oposición y las organizaciones sociales tendrán el incentivo de examinar si las nuevas reglas amplían de manera excesiva la intervención de la Fuerza Pública. El Ejecutivo, por su parte, buscará demostrar que el marco anterior era insuficiente para impedir bloqueos y ataques.
Ahí está el centro del debate: garantizar simultáneamente el derecho a manifestarse, la movilidad, el acceso a servicios esenciales y la seguridad de manifestantes, ciudadanos y uniformados.
Las marchas del 14 serán la primera prueba
La movilización convocada por centrales obreras, Fecode, organizaciones sociales y sectores de oposición será el primer escenario para medir el tono del Gobierno. De la Espriella acusó a dirigentes del petrismo de buscar desestabilizar a su administración, pero también reconoció expresamente que la protesta pacífica es una garantía democrática.
La respuesta institucional deberá separar hechos de señalamientos políticos. Convocar una marcha o criticar al Gobierno no constituye por sí mismo una conducta violenta. De la misma manera, una protesta no autoriza agresiones, destrucción de bienes ni la obstrucción de servicios de emergencia.
Qué falta por verificar
Confirmado: el presidente anunció el decreto y aseguró que el estatuto será presentado al Congreso; también expuso sus objetivos generales.
Pendiente: publicación del decreto completo, número y fecha de vigencia; radicación del proyecto de ley; articulado definitivo; controles judiciales y administrativos; y protocolos operativos para la Fuerza Pública.
Hasta que esos documentos sean públicos, presentar las medidas como reglas plenamente vigentes sería prematuro. El anuncio ya tiene efecto político, pero su verdadero alcance dependerá de la letra final y del control institucional.
Fuentes: cobertura de El Heraldo, reporte de Noticias Caracol y anuncios previos del Ministerio del Interior reproducidos por Infobae.
Colombia Política — Redacción.
