Thomas Greg & Sons vuelve temporalmente al negocio de los pasaportes colombianos. La Cancillería contrató de forma directa a la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada principalmente por esa compañía y por Thales Colombia, para evitar una interrupción del servicio después de que la justicia suspendiera el modelo heredado del Gobierno de Gustavo Petro.
El contrato tiene un valor máximo de $240.352 millones y podrá ejecutarse hasta el 17 de diciembre de 2027. No es necesariamente un gasto completo: la entidad pagará a precios unitarios por los bienes y servicios efectivamente entregados. La medida también puede terminar antes si el tribunal levanta la suspensión o entra en operación un contratista escogido mediante el proceso ordinario.
Una salida de urgencia para un inventario que se agota
La Cancillería explicó que las libretas disponibles alcanzan hasta noviembre de 2026. Un operador nuevo tendría que certificar una planta, vincular proveedores y registrar otro diseño ante la Organización de Aviación Civil Internacional, un proceso que tomaría varios meses.
Por eso acudió a la urgencia manifiesta declarada mediante la Resolución 12973 del 17 de septiembre. Esta figura, prevista en la Ley 80 de 1993, permite contratar sin licitación cuando la continuidad de un servicio exige una respuesta inmediata. Los contratos y sus antecedentes deben enviarse a la Contraloría para control fiscal posterior.
La decisión siguió a una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió provisionalmente los convenios del nuevo esquema de expedición. La providencia pidió aclarar soportes fiscales, planeación, cronogramas y el estado real de la operación que vinculaba a la Imprenta Nacional, la Casa de la Moneda de Portugal y la empresa francesa In Groupe.
Qué incluye el contrato
La Unión Temporal Documentos de Viaje 2027 está compuesta por Thomas Greg & Sons de Colombia, su filial de Guernsey y Thales Colombia. Según la minuta conocida por La FM, las compañías vinculadas a Thomas Greg suman el 71,1 % de participación y Thales tiene el 28,9 %.
El objeto abarca el suministro, la personalización, la custodia y la distribución de libretas, además de la impresión, el almacenamiento y la entrega de etiquetas de visa. Del tope contractual, $32.025 millones corresponden a 2026 y $208.327 millones a 2027, estos últimos respaldados por autorización de vigencias futuras.
La Cancillería sostiene que los precios unitarios se mantienen sin ajustes por inflación o tasa de cambio. La libreta ordinaria costaría a la entidad $67.835 y la personalización, custodia y distribución otros $42.316, valores con IVA. El Ministerio aseguró que las tarifas cobradas a los ciudadanos no cambiarán y que no se requiere ningún trámite adicional.
Un regreso con carga política
Thomas Greg fabricó los pasaportes colombianos desde 2007 hasta julio de 2026. Su salida se produjo después de que el Gobierno Petro cancelara una licitación en la que era el único proponente habilitado y promoviera un modelo de cooperación pública con Portugal y Francia.
El regreso de la compañía revierte, al menos de manera transitoria, una de las decisiones más controvertidas de la administración anterior. Para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, la prioridad es garantizar el servicio con un operador que ya tiene planta, personal y proveedores disponibles; para sus críticos, la contratación directa exige máxima publicidad y vigilancia por el tamaño del negocio y por la historia política que lo rodea.
El expresidente Petro relacionó la decisión con sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral. Esa afirmación es una acusación política sin prueba pública conocida y no forma parte de la justificación contractual presentada por la Cancillería.
La licitación definitiva será la prueba
El canciller Omar Bula definió el acuerdo como una solución temporal y anunció que se estructura una nueva licitación con acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. Ese proceso determinará si la transición desemboca en una competencia abierta o prolonga la dependencia de un operador que dominó durante casi dos décadas la fabricación de los documentos.
En el corto plazo, el efecto para los usuarios es operativo: las citas siguen vigentes, las oficinas y consulados continúan atendiendo y el Gobierno asegura que no habrá interrupción ni aumento de tarifas. En el plano político, la decisión devuelve a Thomas Greg al centro de un debate que combina continuidad del servicio, contratación excepcional y control sobre una infraestructura documental estratégica.
Fuentes: Ministerio de Relaciones Exteriores; Presidencia de la República; El Espectador; y La FM. Imagen destacada: pasaporte ordinario colombiano de 2026; Rpou08, vía Wikimedia Commons, licencia CC BY 4.0.
