El balance consolidado del megaoperativo de seguridad realizado este martes 27 de octubre en Medellín y otros puntos de Antioquia cerró con 149 capturas, 166 allanamientos y 98 expulsiones del país. La cifra final fue divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella después de una jornada que reunió a la Policía, el Ejército, la Fiscalía y autoridades territoriales.
La operación comenzó en la noche del lunes y se extendió durante más de doce horas. El presidente acompañó parte de los procedimientos junto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Por qué aparecen dos balances oficiales
Las autoridades publicaron cifras diferentes durante el día porque correspondían a cortes y ámbitos distintos. La Presidencia reportó en la mañana 135 capturas y 153 allanamientos cuando solo se había procesado el 85 % de la información. Horas después, el mandatario elevó el consolidado a 149 capturas y 166 diligencias.
La Alcaldía de Medellín, por su parte, informó 97 capturas y 102 allanamientos dentro de la ciudad. Ese balance municipal no incluye necesariamente todos los procedimientos desarrollados en el Valle de Aburrá y otras subregiones de Antioquia.
La distinción es clave: no se trata de sumar los dos reportes. El consolidado presidencial comprende una operación más amplia, mientras la Alcaldía detalló los resultados registrados en Medellín.
Qué dejó la operación en Medellín
El despliegue municipal contó con más de 1.400 uniformados, cubrió once barrios y se apoyó en trece investigaciones contra organizaciones señaladas de homicidio, hurto, extorsión y tráfico de estupefacientes.
De las 97 capturas informadas por la Alcaldía, 49 fueron en flagrancia y 48 obedecieron a órdenes judiciales. Las autoridades también reportaron seis armas de fuego, cien detonadores electrónicos y otros elementos que quedaron a disposición de los investigadores.
En el consolidado más amplio, el presidente informó doce armas de fuego, cinco armas traumáticas, más de 72 kilos de estupefacientes, 717 millones de pesos, 25.000 euros y 695 gramos de oro incautados. También mencionó cuatro aprehensiones y una notificación roja de Interpol.
Las capturas no equivalen a condenas. La responsabilidad individual deberá establecerse en los procesos judiciales, con control de legalidad sobre cada diligencia y las garantías de defensa correspondientes.
La muerte de un señalado cabecilla
La Presidencia aseguró que durante los procedimientos murió un hombre identificado con el alias de “Primo Sangre”, a quien señaló como segundo cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia. Según la versión oficial, murió después de oponer resistencia.
Ese relato corresponde al balance de las autoridades y deberá ser contrastado dentro de la investigación sobre el uso de la fuerza. Hasta ahora no se conoce públicamente un informe judicial independiente que permita ampliar las circunstancias del hecho.
Las expulsiones abren otro frente de verificación
El operativo incluyó la expulsión de 98 ciudadanos venezolanos. La Alcaldía afirmó que once de ellos tenían órdenes de captura vigentes en Venezuela.
La cifra forma parte del balance administrativo, pero no permite concluir que las 98 personas estuvieran vinculadas a las mismas investigaciones penales. Cada medida migratoria tiene una situación jurídica propia y debe cumplir los procedimientos previstos por Migración Colombia.
La lectura política: seguridad con mando visible
La presencia simultánea del presidente, el alcalde y el gobernador convirtió una operación policial en una demostración de coordinación política. De la Espriella puso su figura directamente al frente de la estrategia de seguridad urbana; Gutiérrez y Rendón reforzaron una agenda que han defendido desde sus administraciones.
El mensaje de poder es claro: el Gobierno quiere asociar la nueva fase de seguridad con despliegues masivos, persecución de finanzas criminales y respaldo visible a la Fuerza Pública. La eficacia de esa apuesta, sin embargo, no puede medirse solo por el número de allanamientos o capturas de una jornada.
El indicador de fondo será cuántos casos superan el control judicial, qué estructuras quedan realmente desarticuladas y si disminuyen homicidios, extorsiones y hurtos en los sectores intervenidos. Sin ese seguimiento, el balance operativo muestra capacidad de movilización, pero todavía no prueba un efecto sostenido sobre la seguridad.
Fuentes: Presidencia de la República; Alcaldía de Medellín; Gobernación de Antioquia; y El Colombiano. Imagen destacada: grupo COPES de la Policía Nacional durante un dispositivo de seguridad en Medellín en 2019; Policía Nacional de Colombia, vía Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 2.0. Fotografía de archivo, no corresponde al operativo de 2026.
