El trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 entró en su fase decisiva con dos recortes que podrían cambiar la capacidad operativa de la justicia transicional: uno cercano al 17 % para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otro de casi 22 % sobre los recursos de funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Los ajustes fueron avalados inicialmente por las comisiones económicas conjuntas, pero todavía no son ley. Las plenarias de Senado y Cámara tienen hasta el 20 de octubre para definir la distribución final del presupuesto. Esa distinción es central: hoy existe un recorte aprobado en una etapa del trámite, no una decisión definitiva.
Qué está aprobado y qué falta
Según una investigación de Reuters publicada este 13 de octubre, la JEP solicitó para 2027 un presupuesto de 821.000 millones de pesos, una cifra que ya estaba por debajo de su petición original. Durante el debate, las comisiones económicas respaldaron un recorte de 100.000 millones promovido por el senador Enrique Gómez y otro ajuste adicional de 70.000 millones.
La reducción resultante equivale a cerca del 17 % frente a los recursos de este año. El argumento de Gómez es que la jurisdicción ha sido lenta, costosa y debe ceder parte de sus recursos a la justicia ordinaria. El presidente Abelardo de la Espriella ha respaldado esa propuesta.
La JEP sostiene, en cambio, que ya adoptó medidas de austeridad y que un ajuste de esa magnitud no se limitaría a reducir gastos administrativos. La magistrada Catalina Díaz explicó a Reuters que podrían afectarse las audiencias en zonas rurales, el apoyo jurídico y psicológico a víctimas, los traslados y los esquemas de protección de víctimas y comparecientes.
La búsqueda de desaparecidos también queda bajo presión
La discusión no se agota en el tribunal. La UBPD calcula que la reducción bajo estudio llevaría su presupuesto operativo a unos 18,2 millones de dólares, casi 22 % menos. La entidad advierte que el recorte comprometería la toma de muestras de ADN a familiares y cerca de 10.000 exhumaciones previstas.
La directora de la Unidad, Luz Janeth Forero, ha señalado que la disminución de la inversión golpea dos capacidades que no se reemplazan con facilidad: la investigación interdisciplinaria y el despliegue territorial de equipos forenses en lugares remotos. La UBPD pidió conservar para 2027 un presupuesto operativo similar al de 2026, estimado en 23,4 millones de dólares.
El tamaño del reto ayuda a dimensionar la disputa. El universo oficial supera las 137.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. En ese escenario, una reducción presupuestal no equivale automáticamente a suspender las búsquedas, pero sí puede disminuir el número de misiones, la recolección de muestras y la capacidad de identificación.
El presupuesto se convierte en una herramienta de poder
El debate tiene una capa fiscal y otra política. Exigir resultados, controles y rendición de cuentas a cualquier entidad pública es legítimo. La pregunta es si la reasignación propuesta mejora la administración de justicia o si termina modificando, por vía presupuestal, el alcance práctico de instituciones creadas por el Acuerdo de Paz de 2016.
Esta última es una interpretación, no un hecho consumado: cuando el Congreso reduce de manera considerable los recursos de una entidad sin reformar formalmente su mandato, puede mantener intactas sus obligaciones legales mientras limita su capacidad para cumplirlas. Ese desbalance es precisamente el riesgo que plantean la JEP, la UBPD y organizaciones que acompañan procesos de transición.
El choque también ocurre cuando la JEP entra en una etapa intensiva. La jurisdicción tiene nueve macrocasos en curso y debe avanzar en juicios, sanciones restaurativas y garantías para víctimas y comparecientes. El País había documentado en septiembre que la solicitud inicial de la JEP superaba los 947.000 millones de pesos y que el proyecto del Gobierno ya la había reducido a 821.000 millones antes de los nuevos ajustes legislativos.
Qué debe vigilarse en las plenarias
La decisión final dependerá de las plenarias. Tres datos permitirán evaluar su alcance real: el monto definitivo para la JEP; la apropiación de inversión de la UBPD; y la destinación concreta de los recursos trasladados a la Rama Judicial.
También será necesario observar si el Congreso introduce salvaguardas para audiencias territoriales, protección de víctimas, identificación forense y exhumaciones. Sin ese detalle, la discusión corre el riesgo de quedarse en una pelea abstracta entre “austeridad” y “paz”, cuando lo que está en juego son capacidades públicas medibles.
La última palabra presupuestal aún no está dicha. Pero el pulso ya deja una conclusión política: en 2027, la continuidad material de la justicia transicional dependerá tanto de las mayorías legislativas y del control fiscal como de sus decisiones judiciales.
Fuentes principales: Reuters, 13 de octubre de 2026; El País, 18 de septiembre de 2026. Redacción Colombia Política.
