Por David Salcedo Castillo · Opinión
La equidad en un programa de ahorro energético no significa exigir lo mismo a todos los territorios, sino distribuir los esfuerzos de acuerdo con el peso que cada región tiene en el consumo nacional. Esa debería ser una de las preguntas centrales al diseñar medidas de eficiencia: ¿a quién se le debería exigir mayor compromiso y dónde puede lograrse un mayor ahorro?
El ahorro de energía ofrece una herramienta inmediata frente a los retos del abastecimiento. Sin embargo, su aplicación requiere reconocer las diferencias entre territorios y sectores productivos. Una estrategia nacional debería considerar cuánto consume cada región, qué actividades explican esa demanda y qué posibilidades reales existen para reducirla sin afectar servicios esenciales.
Cuando una región consume mucho más que otra, la diferencia no se limita a los kilovatios-hora demandados; también puede reflejar brechas en actividad económica, inversión, infraestructura y generación de riqueza. Aunque la demanda energética no explica por sí sola el desempeño económico de una región, constituye un indicador que debe interpretarse junto con otras variables.
Allí donde se concentran la industria, el comercio y la actividad empresarial suele existir una demanda importante de energía. Donde estas actividades son limitadas, el consumo puede ser menor. Por eso resulta necesario discutir si las exigencias de ahorro deben ser idénticas para territorios con realidades productivas diferentes.
Mi propuesta es que las regiones de mayor consumo dediquen un esfuerzo y un compromiso institucional proporcionales a su participación en la demanda. Esto no elimina la responsabilidad de los demás territorios: plantea concentrar los programas de eficiencia donde puedan producir mayores resultados, con metas sustentadas en información verificable.
Un ejemplo hipotético permite entender la diferencia. Si un conjunto de regiones representara el 75 % de la demanda nacional y redujera su consumo en un 10 %, el ahorro equivaldría al 7,5 % del total nacional, manteniendo constantes las demás condiciones. Este cálculo ilustra una relación matemática; no es una proyección del sistema eléctrico colombiano ni una estimación de su déficit.
Aunque cada kilovatio-hora ahorrado en cualquier rincón de Colombia ayuda, una estrategia uniforme puede desaprovechar oportunidades de eficiencia. La focalización debería acompañarse de análisis sobre los usos de la energía, las condiciones de los hogares y los requerimientos de la actividad productiva.
También es indispensable comparar unidades territoriales equivalentes. Las regiones que se utilizan para medir el mercado eléctrico no necesariamente coinciden con los departamentos empleados en las cuentas económicas. Una lectura rigurosa debe precisar el periodo de los datos, sus fuentes y las correspondencias geográficas antes de establecer relaciones entre consumo y PIB.
La discusión sobre el ahorro energético no debería centrarse únicamente en metas nacionales, sino también en responsabilidades regionales diferenciadas. Allí donde el consumo es mayor, las medidas de eficiencia pueden ofrecer un campo importante de acción. La tarea consiste en identificar ese potencial con rigor y convertirlo en programas medibles.
En mi opinión, focalizar los esfuerzos según la demanda y las posibilidades de ahorro debe formar parte de una política de seguridad energética. El objetivo es distribuir las responsabilidades con criterios técnicos y equidad territorial.
Nota editorial: versión editada del aporte recibido el 20 de octubre de 2026. Se retiraron las cifras regionales y el pronóstico climático pendientes de corroboración; el ejemplo numérico es hipotético. Las opiniones corresponden al autor.
Imagen destacada: torres eléctricas al atardecer, fotografía de archivo de Matthew Henry / Unsplash. Las imágenes son ilustrativas.
