La Fiscalía General de la Nación remitió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara copias del expediente relacionado con el llamado “Pacto de Valledupar”, para que examine las conductas que, según la denuncia, involucrarían a Gustavo Petro cuando ejercía la Presidencia. La decisión, adoptada el 31 de agosto de 2026 y conocida públicamente esta semana, abre una ruta institucional de verificación, pero no constituye imputación, acusación ni declaración de responsabilidad.
Ese mismo 31 de agosto la Fiscalía registró una noticia criminal y dejó la indagación sobre los demás posibles involucrados en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, competente frente a altos funcionarios con fuero. En el caso de Petro, la entidad explicó que remitió copias por competencia, debido a que los hechos denunciados corresponderían a actuaciones realizadas mientras era presidente.
Qué ocurrió en Valledupar y qué está en discusión
El episodio se remonta al 24 de octubre de 2025. Funcionarios del Gobierno se reunieron en Valledupar con exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia que habían sido designados gestores de paz. La agenda oficial, según el comunicado divulgado al terminar el encuentro, buscaba avanzar en el cierre del proceso de Ralito, la entrega de bienes, la reparación de las víctimas y la seguridad jurídica dentro de la justicia restaurativa.
La controversia surgió por versiones posteriores según las cuales delegados oficiales habrían pedido a antiguos paramilitares aportar declaraciones contra dirigentes políticos como Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella. Esos señalamientos son materia de investigación y no hechos judicialmente establecidos.
Juan Carlos Villamizar, abogado de Salvatore Mancuso, declaró que sí se formuló una petición para hacer públicas informaciones contra dirigentes, pero sostuvo que no hubo acuerdo, contraprestación ni compromiso para inventar acusaciones. Petro ha negado haber impartido esa instrucción. Su abogado, Alejandro Carranza, anunció acciones penales contra la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez y reiteró que el exmandatario no dio la orden que se le atribuye.
Dos rutas distintas: penal y disciplinaria
El caso se mueve por dos carriles que conviene no confundir. La Fiscalía indaga si existen conductas con relevancia penal y remitió a la Cámara la parte que toca al expresidente. La Procuraduría, por su lado, abrió una indagación preliminar sobre la conducta de Armando Benedetti, entonces ministro del Interior, y Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre. Ese segundo trámite evalúa eventuales faltas disciplinarias de antiguos servidores públicos.
La Comisión de Acusación es el órgano constitucional encargado de conocer denuncias contra el presidente —y, según el momento de los hechos, contra expresidentes— por actos vinculados al ejercicio del cargo. Recibir copias significa que debe valorar la información y definir el curso procesal; no que haya aceptado como ciertas las acusaciones.
Qué está probado y qué falta por probar
- Está documentado que hubo una reunión oficial en Valledupar en octubre de 2025 y que la Fiscalía abrió una noticia criminal el 31 de agosto de 2026.
- Está confirmado que la Fiscalía remitió copias a la Comisión de Acusación por competencia y que la Procuraduría inició una actuación disciplinaria separada.
- Son versiones bajo examen las afirmaciones sobre una petición para obtener declaraciones con fines electorales y sobre quién habría impartido instrucciones.
- No existe, por ahora, una decisión judicial que establezca un pacto, una contraprestación, un delito o responsabilidad individual.
La distinción importa porque la expresión “Pacto de Valledupar” funciona como una etiqueta política poderosa, pero todavía no describe un hecho probado en sede judicial. Para la ciudadanía, la pregunta central no es quién logra imponer primero su relato, sino qué documentos, testimonios, registros de asistencia, comunicaciones y grabaciones pueden corroborar o desmentir cada versión.
La consecuencia política
El traslado cambia la naturaleza del episodio: deja de ser solamente una confrontación mediática entre antiguos funcionarios y dirigentes y entra en escenarios formales de control. Eso eleva el costo político para los involucrados, pero también impone reglas de prueba y garantías de defensa que deben frenar conclusiones anticipadas.
La Comisión de Acusación tendrá que mostrar si puede tramitar el asunto con oportunidad y transparencia, una prueba especialmente sensible por su composición política. La Fiscalía y la Procuraduría, a su vez, deberán contrastar versiones sin convertir una indagación preliminar en veredicto público.
La consecuencia más relevante, por ahora, es institucional: una denuncia grave ya tiene expedientes y autoridades competentes. La responsabilidad solo podrá definirse con evidencia verificable y decisiones motivadas, no con el peso electoral de los nombres mencionados.
