La Fiscalía General remitió a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema copias de la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El envío, ordenado el 20 de octubre y conocido públicamente este miércoles 21, pone bajo revisión judicial información que menciona a excongresistas del partido Comunes.
El dato nuevo es institucional: la Corte ya recibió la compulsa y ahora debe evaluar si existe mérito y competencia para abrir indagaciones. La decisión no equivale a una imputación, no acredita participación alguna y tampoco convierte en hechos probados las versiones que dieron origen al traslado.
Imagen destacada referencial: sala judicial vacía. Foto: Dragon White Munthe / Unsplash.
Qué fue lo que pasó
La Fiscalía respondió a una solicitud del Ministerio de Justicia y anexó al expediente la información entregada por María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, y su equipo jurídico. Según la comunicación conocida por medios nacionales, la entidad está revisando técnicamente mensajes, fuentes y testimonios incorporados al caso.
El Heraldo informó que la Unidad Delegada para la Seguridad Territorial envió las actuaciones a la Sala de Instrucción. Caracol Radio reportó que en el material aparecen menciones a antiguos legisladores de Comunes, entre ellos Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá.
Es importante no invertir la carga de la prueba: que una persona sea mencionada en documentos o declaraciones no demuestra que haya participado en el crimen. La Corte debe valorar la información, determinar si tiene sustento verificable y decidir si corresponde abrir una actuación formal.
Lo que significa —y lo que no— una compulsa
Una compulsa de copias es el traslado de información a la autoridad que podría ser competente. En este caso, la Fiscalía no está pronunciando una condena ni anunciando que haya probado responsabilidad penal. El paso procesal permite que la Corte examine el material relacionado con personas que ejercieron funciones en el Congreso y defina el camino jurídico.
La distinción importa porque el caso tiene un impacto político evidente y porque las afirmaciones de Tarazona han incluido señalamientos sobre un posible origen de la orden en el Congreso y recursos provenientes de Venezuela. Esas afirmaciones fueron entregadas a las autoridades, pero no han sido demostradas judicialmente.
La hipótesis principal sigue vigente
La nueva remisión no reemplaza, por ahora, la línea principal de la investigación. EL PAÍS señaló que la hipótesis central de la Fiscalía atribuye la coordinación del crimen a la disidencia Segunda Marquetalia y ubica a alias Zarco Aldinever como quien habría dado la orden. Esa investigación ha producido nueve capturas y siete condenas contra integrantes de niveles operativos e intermedios.
Comunes ha rechazado los señalamientos y los considera parte de una campaña de desprestigio. Su respuesta también debe entenderse como una posición política y de defensa, no como una decisión judicial sobre el fondo.
El siguiente movimiento está en la Corte
La Sala de Instrucción deberá establecer si el material recibido contiene elementos concretos, verificables y jurídicamente relevantes. Puede abrir indagaciones, pedir información adicional o concluir que no hay base suficiente para avanzar. Hasta que exista una decisión, hablar de responsables entre los mencionados sería prematuro.
Políticamente, el caso entra en una fase de alta sensibilidad. La muerte de un senador y precandidato presidencial ya marcó la discusión sobre violencia electoral; vincular ahora al debate nombres asociados al Acuerdo de Paz amplifica el riesgo de usar el expediente como arma partidista antes de que la justicia contraste las fuentes.
La obligación pública es doble: investigar sin zonas vedadas y comunicar sin convertir hipótesis en veredictos. La compulsa abre una puerta judicial. Lo que haya detrás solo podrá establecerse con evidencia sometida a control, no con la velocidad de las redes ni con el interés electoral de cada sector.
Fuentes consultadas
- Caracol Radio: Fiscalía compulsa copias a la Corte Suprema, 21 de octubre de 2026.
- El Heraldo: remisión del expediente y revisión técnica, 21 de octubre de 2026.
- EL PAÍS: la Corte deberá definir si abre investigaciones, 21 de octubre de 2026.
- EFE: Fiscalía pide indagar posibles vínculos de congresistas, 21 de octubre de 2026.
