El Gobierno informó este domingo 25 de octubre que la Operación Ónix dejó diez presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) muertos en zona rural de El Tambo, Cauca. Entre ellos estarían alias “Marcos Pacífico” y alias “Ochenta” o “Murillo”, señalados por el presidente Abelardo de la Espriella como mandos relevantes de esa guerrilla.
El operativo fue ejecutado el jueves 22 de octubre por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El nuevo balance no solo actualiza el número de muertos: refuerza la apuesta del Ejecutivo por presentar resultados militares concretos en una región donde el ELN y las disidencias de las antiguas Farc compiten por corredores estratégicos y ejercen presión sobre comunidades rurales.
Qué reportó el Gobierno
Según el balance divulgado por el presidente, las autoridades incautaron siete fusiles, una pistola y dos granadas. También localizaron un campamento con capacidad aproximada para 25 personas. La operación se desarrolló en el área rural de El Tambo, municipio ubicado al occidente de Popayán y conectado con rutas hacia el litoral Pacífico.
De la Espriella calificó el resultado como el golpe más contundente contra el ELN en los últimos ocho años. Esa es una valoración política y operativa del Gobierno, no una conclusión independiente. Medir su alcance real exige conocer la posición de los fallecidos dentro de la estructura, la capacidad del grupo para reemplazarlos y lo que ocurra después en el territorio.
Los nombres y roles atribuidos a alias “Marcos Pacífico” y alias “Ochenta” provienen del reporte oficial. Las fuentes públicas consultadas no ofrecen todavía un informe forense completo ni una evaluación independiente que permita confirmar todas las identidades y responsabilidades señaladas. Por eso, Colombia Política mantiene la atribución al Gobierno y evita presentar como verificación judicial lo que sigue siendo un balance operacional.

El Cauca, centro de una disputa armada
La operación ocurre después de varias semanas de ataques y combates en el Cauca. El 12 de octubre, un carro bomba destruyó el peaje de El Bordo y dejó civiles heridos en la vía Panamericana. Días antes, ataques con drones y enfrentamientos habían causado la muerte de integrantes de la Fuerza Pública. La Defensoría también ha advertido sobre riesgos de homicidios, reclutamiento de menores, secuestros, extorsiones y violencia basada en género.
La geografía explica parte de la presión. El departamento conecta el centro del país con Nariño y Ecuador, y ofrece rutas hacia el Pacífico. Allí se cruzan economías ilegales, minería, cultivos de uso ilícito y corredores de movilidad. Golpear un campamento puede alterar temporalmente una estructura, pero no elimina por sí mismo los incentivos económicos ni las redes locales que sostienen la presencia armada.
La consecuencia política para De la Espriella
Para la Casa de Nariño, Ónix sirve como prueba de la doctrina de seguridad que distingue al nuevo Gobierno de la política de negociación de Gustavo Petro. La administración ha privilegiado operaciones ofensivas, ha terminado procesos de diálogo heredados y ha prometido recuperar control territorial mediante presión militar.
El resultado fortalece el relato presidencial de autoridad, pero también eleva el estándar de rendición de cuentas. Una política de bombardeos y operaciones de alto impacto debe informar de manera verificable quiénes murieron, qué medidas se adoptaron para proteger a la población civil y cómo se evaluaron los riesgos. La experiencia de operaciones anteriores, cuestionadas por la muerte de menores, hace especialmente importante publicar soportes y resultados forenses.
La designación reciente de Viviane Morales como consejera comisionada de Paz añade otra tensión. Mientras ella revisa la implementación del Acuerdo de 2016 y la arquitectura institucional de paz, Defensa busca mostrar capacidad para debilitar militarmente a las organizaciones que siguen activas. La coordinación entre seguridad, protección de civiles, justicia y presencia social será la medida real del cambio de estrategia.
Un golpe no equivale a control territorial
La evidencia disponible permite afirmar que el Gobierno reportó diez muertos, dos cabecillas señalados y material de guerra incautado. No permite concluir todavía que el ELN perdió de forma permanente el control de la zona, que su cadena de mando quedó desarticulada o que disminuyó el riesgo para las comunidades.
Esas consecuencias deberán observarse en indicadores posteriores: reducción de ataques, menor confinamiento y desplazamiento, seguridad en las vías, protección de líderes y recuperación sostenida de la presencia institucional. Sin esos resultados, una operación exitosa puede convertirse en un triunfo táctico sin transformación territorial.
Ónix marca, en todo caso, un momento político para el Gobierno. Le permite exhibir una victoria en su principal bandera, pero lo obliga a demostrar que la “mano dura” produce algo más que balances de combate. En el Cauca, la prueba no será únicamente cuántos integrantes de un grupo armado salen de operación, sino cuánto espacio recuperan las comunidades para vivir, desplazarse y ejercer autoridad civil sin amenazas.
Fuentes consultadas
- Asuntos Legales: balance divulgado por el presidente, 25 de octubre de 2026.
- La Opinión / Colprensa: reporte de la Operación Ónix.
- El Colombiano: contexto del operativo en El Tambo.
- Associated Press: contexto reciente de la violencia en Cauca.
Imagen destacada: vista de El Tambo, Cauca. Foto de archivo: C arango / Wikimedia Commons. Dominio público. La imagen no muestra el lugar exacto de la operación.


