Una investigación de La Silla Vacía publicada el 24 de octubre documentó la presencia de Mauricio Jaramillo Botero en la logística de decenas de actos de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, ni su nombre ni el de Cyan Eventos y Logística, empresa que representa, aparecen en los reportes de ingresos y gastos entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE) que el medio obtuvo por derecho de petición.
La ausencia abre una pregunta de transparencia, no una conclusión automática de ilegalidad: falta establecer si el trabajo de Jaramillo fue pagado a través de un proveedor reportado, si constituyó un aporte en especie, si fue una colaboración sin remuneración o si debió registrarse de otra manera. Esa precisión corresponde a la campaña, a sus responsables contables y, en caso de revisión, al CNE.
Qué encontró la investigación
La Silla Vacía reconstruyó el papel de Jaramillo mediante fotografías, publicaciones en redes y testimonios de personas que trabajaron en la campaña. Según ese material, el empresario participaba detrás de los escenarios y se ocupaba de montajes, luces, sonido, videos y otros componentes de los eventos. También aparece junto a integrantes del primer círculo de la entonces candidatura.
El medio señala que Jaramillo trabajó de manera cercana con Sebastián Restrepo Velásquez, jefe de logística de los escenarios y hoy consejero presidencial. También lo ubica en fotografías con Joaquín Gutiérrez, exjefe de campaña y actual presidente de Ecopetrol, y con Carlos Suárez, estratega de campaña y presidente de la junta directiva de esa empresa estatal.
Jaramillo y el entonces gerente de campaña, Carlos Ríos —hoy director del Departamento Administrativo de la Presidencia— no respondieron las preguntas enviadas por La Silla Vacía. Esa falta de respuesta deja sin aclarar la relación contractual, económica o voluntaria que explicaría el trabajo visible del operador logístico.
Los pagos que sí aparecen
De acuerdo con los documentos obtenidos por el medio, la empresa reportada por la campaña para prestar servicios logísticos en varias ciudades fue Servicios Especiales en Audio SAS. Recibió $593,9 millones en primera vuelta y $797,3 millones en segunda vuelta, para un total de $1.391,2 millones.
La investigación añadió elementos que justifican una revisión institucional: la sociedad fue creada en octubre de 2025 con un capital de $3 millones; una de las direcciones consignadas en los reportes corresponde, según el medio, a la vivienda de Ríos, y en la dirección registrada ante la Cámara de Comercio funciona una comercializadora de llantas. La representante legal tampoco respondió las preguntas.
Estos indicios no demuestran por sí solos que los pagos fueran ficticios ni que Jaramillo fuera el beneficiario real. Sí hacen razonable pedir contratos, facturas, subcontratos, soportes de ejecución y la identificación completa de quienes prestaron los servicios. La trazabilidad de una campaña no termina en el nombre del proveedor principal cuando existen señales de que otras personas operaron los eventos.
El proceso penal en Medellín
El interés público aumenta porque Jaramillo enfrenta un proceso penal distinto, relacionado con contratos celebrados durante la Alcaldía de Daniel Quintero. La Fiscalía lo imputó en enero de 2024 junto con exfuncionarios de Metroparques por presuntas irregularidades en recursos destinados a actividades recreativas y deportivas.
El 14 de agosto de 2026 fue acusado formalmente por asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, según la reconstrucción periodística del caso. Jaramillo no aceptó los cargos. La acusación no equivale a condena y debe mantenerse la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva.
El caso se refiere a un esquema en el que el Inder transfirió recursos a Metroparques y esta entidad contrató a Cyan. La Fiscalía sostiene que hubo sobrecostos y una apropiación cercana a $3.700 millones. Esa tesis deberá probarse en juicio y no puede trasladarse de manera automática a la campaña presidencial.
Qué exige el sistema de cuentas
El CNE explica que Cuentas Claras es el mecanismo oficial y obligatorio para rendir los informes de ingresos y gastos electorales. En las campañas presidenciales, la Ley 996 de 2005 asigna al gerente la representación ante el Consejo para los asuntos de financiación, informes, cuentas y reposición de gastos.
La obligación de transparencia cubre el origen y el destino de los recursos. Por eso, la pregunta relevante no es solo si Jaramillo aparece con nombre propio, sino cómo quedó registrada la actividad que realizó: quién la contrató, cuánto costó, quién la pagó y bajo qué soporte contable. Si actuó como subcontratista, la campaña puede explicarlo y mostrar la cadena documental. Si aportó trabajo o servicios, debe aclararse si esa contribución tenía que valorarse y reportarse.
La consecuencia política
El Gobierno de De la Espriella ha construido parte de su identidad sobre un discurso de ruptura con la corrupción atribuida a la administración de Daniel Quintero. La presencia de un contratista acusado dentro de la logística electoral no prueba responsabilidad del presidente ni de su equipo, pero tensiona ese relato y eleva el deber de explicar la relación.
Hay además un asunto de confianza institucional. Varias personas que dirigieron o auditaron las finanzas de campaña ocupan ahora cargos públicos. Carlos Ríos dirige el Dapre y Alfonso Soler Casteblanco, auditor de las cuentas electorales según La Silla Vacía, pasó a la jefatura financiera de esa entidad. Cuando la campaña se convierte en gobierno, las dudas sobre sus proveedores dejan de ser un asunto exclusivamente electoral.
La salida responsable no es una condena mediática, sino una respuesta documentada: contratos, facturas, subcontratos, informes de auditoría y explicación del papel de Jaramillo. El CNE, por su parte, puede establecer si los reportes cumplen las reglas y si requiere información adicional. Hasta entonces, lo verificable es la discrepancia entre una participación logística ampliamente documentada y la ausencia del nombre del operador y su empresa en las cuentas conocidas públicamente.
Fuentes consultadas
- La Silla Vacía: investigación de Jineth Prieto, 24 de octubre de 2026.
- Consejo Nacional Electoral: información oficial sobre Cuentas Claras.
- Ley 996 de 2005, régimen de financiación de campañas presidenciales.
- El Espectador: imputación de enero de 2024.
- Telemedellín: actualización del proceso penal, 20 de octubre de 2026.
Imagen destacada: logotipo institucional del Consejo Nacional Electoral de Colombia. CNE Colombia, vía Wikimedia Commons. Dominio público.
