La Defensoría del Pueblo encendió una alerta sobre Ricaurte y Mallama, en el piedemonte costero de Nariño, por el riesgo de que se rompa el frágil equilibrio entre estructuras armadas que se reparten corredores hacia Ecuador y la vía al mar. La advertencia está contenida en la Alerta Temprana 025 de 2026, divulgada este lunes 26 de octubre.
El documento no anuncia que la violencia vaya a ocurrir de manera inevitable. Las alertas tempranas son instrumentos preventivos. Sin embargo, identifica condiciones que pueden traducirse en homicidios selectivos, masacres, confinamientos, desplazamientos, reclutamiento de menores y ataques contra autoridades indígenas, líderes sociales, firmantes de paz, comerciantes, transportadores y misiones médicas.
Un pacto armado que puede romperse
Según la Defensoría del Pueblo, desde 2024 existe un acuerdo de coexistencia entre Comuneros del Sur —estructura que se separó del ELN— y el frente Iván Ríos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Ese entendimiento habría permitido dividir zonas de control y evitar choques directos.
La terminación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la CNEB en agosto de 2026 alteró ese escenario. La Defensoría advierte que el nuevo contexto puede provocar disputas directas, facilitar el retorno de facciones del ELN o abrir espacio para estructuras del Estado Mayor Central.
La disputa no se limita a dos grupos
La alerta también describe redes de tercerización criminal. Menciona a las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), con vínculos señalados en Ecuador con Los Lobos y Los Choneros; a la Nueva Urías Rondón–Frente 37; y a grupos locales como Los Zabaleteros, Los Marihuanos y Los Flacos.
Estas estructuras, de acuerdo con el organismo, cumplen funciones de vigilancia, cobro de extorsiones, control social y ejecución de homicidios. El trasfondo es económico y territorial: narcotráfico, minería ilegal y dominio de pasos fronterizos y de la vía al mar.
Pueblos indígenas y población civil, en el centro del riesgo
La advertencia prioriza la protección del pueblo Awá, en especial de los resguardos vinculados a Camawari y Uripawa, así como del pueblo de Los Pastos del Gran Mallama. También incluye a campesinos, líderes comunitarios, autoridades étnicas, firmantes del Acuerdo de Paz, comerciantes, transportadores, personal sanitario, mujeres y menores de edad.
La Defensoría sostiene que niñas, niños y adolescentes están expuestos al reclutamiento y uso por parte de actores armados. En las zonas rurales también persiste el peligro por minas antipersonal y artefactos explosivos instalados en caminos de uso comunitario.
Los hechos que sustentan la alerta
El documento recoge una cadena de episodios violentos. En febrero de 2026, tres integrantes de una misma familia fueron asesinados en el resguardo Edén Cartagena, en Ricaurte; entre las víctimas había una mujer en el último mes de embarazo. En Chucunés, Mallama, fueron asesinados tres jóvenes.
La entidad también reporta homicidios selectivos, extorsiones y la interceptación de una ambulancia en agosto de 2025: hombres armados obligaron al personal médico a bajar del vehículo y asesinaron al paciente que era trasladado.
En Mallama, la tasa de homicidios registrada en 2026 llegó a 67,37 por cada 100.000 habitantes, según la información citada por la Defensoría. La cifra no prueba por sí sola quién controla el territorio, pero sí muestra la gravedad del deterioro de seguridad.
Veintinueve recomendaciones y una prueba para el Estado
La Alerta Temprana formula 29 recomendaciones a entidades nacionales, departamentales y municipales. El enfoque propuesto combina seguridad humana, protección colectiva, prevención del reclutamiento, atención a víctimas y coordinación institucional. La Defensoría insiste en que la respuesta no puede reducirse a medidas de orden público.
La alerta 025 complementa advertencias anteriores —la 045 de 2019 y la binacional 008 de 2023— y muestra que el riesgo en la frontera no apareció esta semana. Lo nuevo es la posibilidad de que el arreglo armado que contuvo choques abiertos se deshaga en un contexto de diálogos suspendidos.
Lectura política: el vacío que deja una negociación suspendida
La consecuencia política es clara: cuando una mesa se interrumpe, el Gobierno no solo pierde un canal de negociación; también debe impedir que el reacomodo de fuerzas se traduzca en control armado sobre comunidades. Esa es una inferencia basada en el escenario descrito por la Defensoría, no una predicción sobre ataques concretos.
La prueba inmediata estará en la coordinación entre Nación, Gobernación de Nariño, alcaldías, Fuerza Pública y autoridades indígenas. El éxito no se medirá únicamente por capturas u operaciones militares, sino por la capacidad de mantener abiertas las rutas, proteger escuelas y misiones médicas, evitar desplazamientos y garantizar que las comunidades puedan permanecer en su territorio.
Fuentes: Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas y Caracol Radio.
Imagen destacada: Laguna Verde del volcán Azufral, en Mallama, Nariño; fotografía de archivo de Memocali / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. La imagen ilustra el territorio y no representa los hechos armados descritos.
