El Gobierno colombiano pidió este lunes 12 de octubre al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la Misión de Verificación concentre su trabajo en la reincorporación de exintegrantes de las FARC y en las garantías de seguridad, y deje de verificar la Reforma Rural Integral. La propuesta cambia el foco del acompañamiento internacional al Acuerdo de Paz, aunque no modifica por sí sola las obligaciones del Estado.
El planteamiento fue presentado en Nueva York por el canciller Omar Bula durante su primera intervención ante el Consejo. La decisión formal no depende de Colombia: corresponde al organismo de la ONU definir el mandato de la misión.
Qué pidió exactamente el Gobierno
Bula propuso que la verificación internacional se focalice en dos asuntos: el tránsito de los antiguos integrantes de las FARC hacia la vida civil y las condiciones de seguridad necesarias para sostener ese proceso.
La Reforma Rural Integral, que entró en el mandato de la misión en 2023, quedaría por fuera de ese mecanismo extraordinario. El argumento oficial es que acceso a tierras, formalización de la propiedad, infraestructura y productividad rural son políticas estructurales y de largo plazo que deben quedar incorporadas a la institucionalidad permanente del Estado.
El canciller sostuvo que la propuesta fue coordinada con el Ministerio de Agricultura y que el país cuenta con instrumentos para continuar esas políticas. También aseguró que la cooperación internacional podrá seguir acompañando proyectos rurales.
Lo que cambia y lo que no cambia
La solicitud no elimina la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz ni autoriza al Gobierno a desconocerla. Bula afirmó que la implementación del acuerdo seguirá bajo la Constitución, la ley y las obligaciones jurídicas vigentes.
El cambio propuesto es de seguimiento: trasladaría la responsabilidad de vigilar ese componente desde la misión especial de la ONU hacia los mecanismos nacionales. Esa diferencia es política, no solo administrativa. Reduce el escrutinio internacional directo sobre uno de los puntos más sensibles del acuerdo y obliga al Ejecutivo a demostrar que la institucionalidad colombiana puede producir resultados verificables.
La seguridad se convierte en el nuevo centro del relato
La intervención confirmó el giro del Gobierno frente a la política de paz. El canciller sostuvo que la seguridad es una condición para alcanzar una paz duradera y presentó cifras sobre homicidios, extorsiones, secuestros, reclutamiento de menores y crecimiento de los grupos armados.
Esas cifras fueron expuestas por el Gobierno ante el Consejo; su uso político debe leerse como parte de la justificación oficial para reorientar el mandato. La afirmación central es clara: el Ejecutivo quiere que la comunidad internacional mida prioritariamente la reincorporación y la seguridad, mientras el Estado asume el seguimiento ordinario de la transformación rural.
El pulso que viene
La discusión no termina con el discurso. El Consejo de Seguridad debe decidir sobre el mandato de la misión y puede aceptar, ajustar o rechazar la focalización solicitada por Colombia.
La pregunta política será cómo se evalúa la reforma rural si sale de la verificación internacional. El Gobierno gana margen para administrar esa política desde sus propias instituciones, pero también asume un costo de rendición de cuentas: tendrá que mostrar avances en tierras, infraestructura y oportunidades económicas sin atribuir los rezagos al diseño de la misión.
La señal enviada en Nueva York es inequívoca. El Acuerdo de Paz continúa, pero el Gobierno busca cambiar el lente con el que se vigila: menos énfasis internacional en la reforma rural y más presión sobre seguridad y reincorporación.
Fuentes: intervención completa del canciller Omar Bula y comunicado de la Cancillería.
Colombia Política — Redacción.
