La Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz eligió este martes 20 de octubre a Danilo Alfonso Rojas Betancourth como presidente para el periodo 2026-2028. El magistrado obtuvo 23 de los 38 votos y asumirá el 5 de noviembre, en un momento en que el tribunal enfrenta recortes presupuestales, presión política y el reto de llevar sus macrocasos a resultados comprensibles para las víctimas y el país.
Una elección definida por mayoría, no por unanimidad
La elección es un hecho institucional ya confirmado por varios medios nacionales. De acuerdo con El Espectador, Rojas recibió 23 votos; Reinere Jaramillo obtuvo 11, Camilo Suárez dos y hubo dos votos en blanco. Caracol Radio confirmó que el relevo se hará efectivo el próximo 5 de noviembre.
Eso permite separar con claridad el dato de su interpretación. La votación le entrega una mayoría suficiente para representar y orientar administrativamente a la jurisdicción, pero no equivale a un cheque en blanco ni modifica por sí sola las decisiones judiciales de las salas y secciones. La independencia de los magistrados y las reglas del Acuerdo de Paz siguen siendo el marco de actuación.
¿Quién es Danilo Rojas?
Rojas integra la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, la instancia que revisa decisiones de primera instancia y ayuda a cerrar jurídicamente los procesos. La ficha institucional de la JEP registra su formación como abogado de la Universidad Libre, con estudios de posgrado en derecho público y doctorado en Derecho. Antes de llegar a la justicia transicional fue magistrado y presidente del Consejo de Estado.
Su trayectoria importa porque la nueva presidencia deberá combinar dos lenguajes que con frecuencia chocan: el rigor jurídico de los expedientes y la necesidad de explicar a la ciudadanía qué resultados concretos produce la justicia transicional. Rojas ya ha trabajado en la Sección de Apelación, pero presidir toda la JEP amplía su responsabilidad pública e institucional.
El presupuesto convierte el relevo en una prueba política
La elección ocurre el mismo día en que el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027. Reuters calculó que la apropiación de la JEP quedó reducida en $181.000 millones, cerca de 23 %, dentro de un presupuesto total de $634,9 billones. El texto definitivo aún debe consolidarse, de modo que las cifras detalladas deben leerse con esa cautela.
Colombia Política ya explicó que la aprobación presupuestal fue la primera gran victoria legislativa del Gobierno. Para Rojas, el efecto práctico será inmediato: deberá defender la capacidad operativa de la JEP sin convertir la presidencia del tribunal en una tribuna partidista.
La presión no viene solamente de las cuentas. El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha cuestionado el alcance de la justicia transicional, mientras organizaciones de víctimas y defensores del Acuerdo reclaman que los macrocasos produzcan sentencias, verdad y reparación. La presidencia de la JEP tendrá que responder a ambos frentes con resultados verificables, no solo con comunicación institucional.
Lo que cambia y lo que no
Cambia la cabeza visible del tribunal y, con ella, la conducción de sus órganos de gobierno, la relación con el Congreso y el Ejecutivo, y la vocería ante las víctimas y la opinión pública. También cambia el tono de una institución que entra en una fase de mayor exigencia sobre tiempos, ejecución y sanciones.
No cambian automáticamente las decisiones de fondo, los derechos de las víctimas ni las competencias fijadas por la Constitución y el Acuerdo de Paz. Tampoco hay evidencia pública, hasta ahora, de que la elección responda a un acuerdo con el Gobierno o la oposición. Presentarla como una captura política del tribunal sería una inferencia sin sustento.
El reto de la nueva presidencia
Rojas recibe una institución que ya no puede medir su éxito solamente por el número de autos o diligencias. La vara ciudadana será más concreta: sentencias oportunas, participación efectiva de las víctimas, sanciones ejecutables y explicaciones claras sobre el uso de recursos públicos.
La elección del 20 de octubre no resuelve esas tensiones. Sí identifica a quien deberá conducirlas durante los próximos dos años. En un escenario de estrechez fiscal y polarización, la legitimidad de la JEP dependerá menos de las declaraciones de sus adversarios o defensores y más de su capacidad para mostrar justicia, reparación y resultados.
