La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a diez antiguos mandos de las FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía. La decisión amplía el foco de la justicia transicional: no examina únicamente asesinatos, desplazamientos o torturas, sino también daños colectivos sobre culturas, autoridades propias, territorios y ecosistemas.
La imputación hace parte del Caso 09 y se refiere a hechos cometidos entre 1996 y 2016 contra los pueblos Nükak Baká, Korebajü o Koreguaje, Siona o Zio Bain, Hitnü y Jiw. Los comparecientes tienen 30 días hábiles para responder, presentar observaciones y decidir si reconocen responsabilidad. No se trata, por tanto, de una sentencia definitiva.
Diez mandos y 1.134 victimizaciones documentadas
Entre los imputados están tres integrantes del último Secretariado de las FARC: Milton de Jesús Toncel Arredondo, conocido como Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias El Médico; y Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada.
La decisión también comprende a Elmer Caviedes, Fabián Ramírez Cabrera, Floresmiro Burbano, Darío Lee Díaz, Luis Enrique Montes, Gustavo Cuéllar Pajoy y Liberman Imbachi, antiguos mandos de los bloques Sur y Oriental.
De acuerdo con la información atribuida a la JEP y contrastada por EFE, la investigación registró 1.134 victimizaciones: 598 fueron atribuidas al Bloque Sur y 536 al Bloque Oriental. El universo conjunto de los cinco pueblos afectados asciende a 10.073 personas.
El daño no terminó en las víctimas individuales
La Sala de Reconocimiento identificó dos patrones de macrocriminalidad. El primero reúne ataques contra la autodeterminación, la cultura, las autoridades tradicionales y el gobierno propio, ejecutados para imponer control social y territorial. El segundo agrupa crímenes cometidos durante las hostilidades que afectaron la integridad física, espiritual y territorial de las comunidades.
La imputación incluye exterminio, asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso, tortura y persecución como crímenes de lesa humanidad. También atribuye homicidios, desplazamientos, uso de minas antipersonal y daños al ambiente como crímenes de guerra.
Uno de los episodios documentados ocurrió el 25 de julio de 1997 en el resguardo San Luis, en Milán, Caquetá, donde fueron asesinadas siete autoridades y personas de la comunidad Korebajü. La JEP también examinó la muerte de María Eloísa Yaiguaje Payaguaje, sabedora ancestral del pueblo Siona, causada por una mina antipersonal en 2012.
Otro hecho incorporado al expediente fue el derrame forzado de 3.210 barriles de petróleo en el corredor Puerto Vega–Teteyé, en 2015. Para la Sala, afectar el agua, el bosque o los lugares sagrados no fue un daño separado de la violencia contra las personas: golpeó las condiciones materiales y espirituales de supervivencia de los pueblos.
Qué sigue en el proceso
Los diez comparecientes deben decidir si reconocen los hechos y su responsabilidad individual. Si aportan verdad plena y aceptan la imputación, el proceso puede avanzar hacia una audiencia pública de reconocimiento y luego a la imposición de sanciones propias, orientadas a la reparación.
Si rechazan los cargos, el expediente puede pasar a la Unidad de Investigación y Acusación para un procedimiento adversarial. Una eventual condena en esa ruta podría implicar penas de hasta 20 años de prisión. Esa bifurcación explica por qué la respuesta de los exmandos será políticamente relevante, pero todavía no permite anticipar el desenlace judicial.
La lectura política: territorio, justicia y presupuesto
La decisión llega el mismo día en que el país discute recortes al presupuesto de la JEP y de la Unidad de Búsqueda. Son asuntos distintos, pero se cruzan en una pregunta concreta: qué capacidad tendrá el sistema para llevar expedientes complejos desde la imputación hasta el reconocimiento, la sentencia y la reparación territorial.
La novedad jurídica también tiene un efecto político. Reconocer que la guerra atacó instituciones propias, lenguas, conocimientos ancestrales y ecosistemas obliga a medir la reparación más allá del número de víctimas individuales. Esa es una interpretación del alcance de la decisión; las responsabilidades definitivas dependerán del trámite judicial.
Para los territorios de la Amazonía y la Orinoquía, el expediente pone en el centro violencias que durante años tuvieron poca visibilidad nacional. Para los antiguos mandos de las FARC, abre un nuevo plazo de decisión: reconocer y reparar o controvertir la imputación en juicio.
Fuentes principales: Jurisdicción Especial para la Paz, citada por EFE, Associated Press y El País, 13 de octubre de 2026. Redacción Colombia Política.
