Abelardo de la Espriella puso fecha a una de sus promesas para el archipiélago: anunció que el 30 de noviembre de 2026 firmará y expedirá el decreto de líneas de base de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El compromiso fue presentado en la alocución de la noche del domingo 18 de octubre, a bordo del buque ARC 24 de Julio.
Presidencia confirmó la fecha y la intención de incorporar las coordenadas en las cartas náuticas oficiales. La novedad es el compromiso público con un plazo concreto, no la expedición de una norma que ya esté vigente.
Una fecha no reemplaza el texto del decreto
Canal 1 recogió el anuncio y explicó que las líneas de base sirven como referencia para medir los espacios marítimos. En esta nota no se atribuyen al decreto futuro coordenadas, efectos jurídicos concretos ni cambios de fronteras que las fuentes consultadas no permiten verificar.
Para evaluar el alcance de la medida habrá que conocer el texto, sus anexos técnicos y la cartografía que finalmente se publique. El discurso fija una intención del Ejecutivo; no sustituye esos documentos. Tampoco permite dar por resueltas controversias internacionales.
La apuesta va más allá de la cartografía
En la transcripción oficial de la alocución, el presidente planteó convertir a San Andrés en un centro marítimo y logístico del Caribe. Anunció que acelerará la reglamentación del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales y promoverá un procedimiento especial para embarcaciones de recreo con la isla como puerto de registro.
También prometió mejores conexiones marítimas, infraestructura portuaria, formación de personal y mayor capacidad de supervisión de la Dimar. Son componentes de una estrategia anunciada: no resultados de inversión, empleo o actividad naviera ya comprobados.
La prueba para los isleños
El mandatario afirmó que la comunidad raizal participará directamente y que se protegerán el ambiente del archipiélago y la Reserva de Biosfera Seaflower. Añadió que los bancos históricos de pesca tendrán prioridad para la pesca artesanal raizal. La implementación y los mecanismos de participación deberán contrastarse con las medidas que se adopten.
La lectura política es que el Gobierno busca unir soberanía, seguridad y desarrollo económico en una misma agenda territorial. Para los habitantes, sin embargo, la utilidad no se medirá solo por la presencia presidencial: importarán las condiciones para trabajar en el mar, comercializar la pesca y acceder a oportunidades sin deteriorar los ecosistemas.
El 30 de noviembre queda como el primer plazo visible para contrastar el anuncio con una decisión publicada. Después vendrá otra comprobación: qué recursos, responsables y mecanismos convierten esa decisión en beneficios verificables para San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Redacción editorial: Colombia Política. Fotografía destacada: mar de San Andrés, imagen de referencia; no corresponde a la alocución. Foto: Tatiana Zanon / Unsplash, bajo licencia Unsplash.
